Desterrando la corrupción de la Justicia Penal Militar y Policial. Caso del Juzgado 25 de IPM de Rionegro-Antioquia
“Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” (Javier Sicilia)
Bogotá D.C., 19 de septiembre de 2023. La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial, en ejercicio de la política de “Cero Tolerancia a la Corrupción”, declaró insubsistentes los nombramientos de las señoras María Teresa Ladino Restrepo, mayor del Ejército Nacional, y Claudia Patricia Jurado Echeverry, juez y secretaria respectivamente, del juzgado 25 de Instrucción Penal Militar y Policial con sede en Rionegro-Antioquia.
Se verificó que las mencionadas servidoras públicas, juez y secretaria, desatendieron sostenidamente durante varios años sus deberes misionales y los principios de la función pública. Por acción y por omisión se constituyeron en obstáculo sistemático al cumplimiento de la misionalidad de la Justicia Especializada en ese Despacho, con efectos graves en multiplicidad de expedientes; en particular los adelantados por delitos de homicidio, algunos con indicios de posibles ejecuciones extrajudiciales.
En múltiples ocasiones ellas suspendieron de facto la prestación de los servicios de Justicia Penal Militar y Policial, negando atención al Ministerio Público y a los usuarios en general. Se hallaron por lo menos 33 expedientes en los cuales la prescripción de la acción penal se advierte inminente, o por lo menos cercana, mientras en otros 7 ya se habría presentado. Hay casos “engavetados”, con moras de décadas; algunos datan del año 1999, con más de 20 años en investigación preliminar. Entre muchas otras irregularidades.